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Cuando el desove de las tortugas se dirime en un estrado judicial

Cuando el desove de las tortugas se dirime en un estrado judicial

Minambiente ha dicho que está dispuesto a no bajar la guardia y dará la batalla. Los nativos aguardan a que la instancia superior les dé la razón sobre la consulta. La tortuga es la única afectada con todo este lío.

Parece mentira, pero la única especie que se está viendo perjudicada tras un enfrentamiento en los estrados judiciales entre los nativos y Minambiente por el cierre temporal de una parte de Playa Blanca, es la tortuga carey, una especie en vía de extinción que requiere de un espacio para poder llegar a desovar y evitar su desaparición.

Los ambientalistas y entendidos en la materia consultados por este medio sostienen que  la naturaleza no conoce de líos judiciales y, lo peor aún, es que a una especie como esta ‘se le pueden vencer los términos’ para el desove que tiene que hacer año tras año. Cabe recordar que esta especie siempre suele regresar a la playa que pisó por primera vez para enterrar sus huevos en un sitio, eso sí, alejado de la multitud.

Rafael Vergara Navarro explicó que existe la necesidad de que se dirima un conflicto con la debida prontitud teniendo en cuenta que se estaría afectando el desove de la tortuga. Indicó que la instancia superior tendrá la difícil misión de sopesar el hecho de que no se afecten los intereses de los nativos amparados por la ley y tratar de no generar un impacto negativo al medio ambiente. Y mientras los días pasan, el tiempo juega en contra de una especie que requiere de la playa.

En manos de una instancia superior, como es el Tribunal Administrativo de Bolívar, reposa esta responsabilidad entendiendo que ya los nativos han ganado un asalto luego de que el juez sexto de familia declarara sin efectos y suspendida la Resolución 0774 de 2018, que determinaba el cierre de la zona norte de la playa. Siete meses en total permanecerá cerrada esta zona de Playa Blanca que es el tiempo que se requiere para que la especie llegue a a cumplir su ciclo de reproducción.

Por su parte Gabriel Luna,  biólogo marino y ambientalista, destacó la medida del cierre y reitera que el turismo debe dejar de ser, principalmente, de cerveza, arroz de bijao y comida chatarra para comenzar a explotar en Colombia un turismo ambiental, como lo hace, por ejemplo, Costa Rica.

El trabajo debe encaminarse a propender porque este destino de Playa Blanca se constituya en un sitio para ir a visitar por la importancia que adquiere al ser protegido para una especie como la tortuga carey. Al respecto, sostiene que esta especie tiene la particularidad de desovar en horas de la noche y en la playa donde nació.

El ministerio dará la pelea

Ante la situación planteada por un togado en Cartagena, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha decidido no bajar la guardia y mantenerse firme en procura de lograr el cierre de la playa para proteger la especie. Es así como ha decidido impugnar el fallo y ejercer los mecanismos legales a que haya lugar y que estén al alcance.

“Estamos muy decepcionados con el fallo del juez sexto de familia de Cartagena, porque vemos la intención de utilizar la figura del derecho a la consulta previa como un argumento para evitar que se tomen medidas preventivas frente a un ecosistema que se está acabando, nosotros no vamos a dar marcha atrás, ya estamos en la impugnación de ese fallo Y esperamos que el tribunal en Bolívar pueda corregir esta situación”, señaló el minambiente Luis Gilberto Murillo Urrutia.

La idea del Ministerio de Ambiente es lograr que los seres humanos puedan entender que se trata de una medida preventiva con el objetivo de proteger el proceso reproductivo de la tortuga carey, especie que se encuentra catalogada en peligro crítico de extinción, según la última actualización de las especies de la diversidad biológica amenazadas.

La Resolución 0774 es una medida de carácter temporal, que corresponde al ciclo de reproducción de la tortuga carey y acoge únicamente el cierre del área donde se está viendo afectado el reptil marino, permitiendo el desarrollo normal de actividades turísticas en el resto de la zona.

La decisión del cierre parcial del sector norte de la unidad de playa fue producto de las condiciones ambientales negativas que se han evidenciado en el territorio. Durante varios años los índices de capacidad de carga fueron desbordados llegando a las 13.000 personas por día, sin que ninguna autoridad lograra tomar las medidas necesarias para proteger la especie.

En ese sentido, la Carta Política de 1991 exige de esta cartera el deber de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, de conformidad con lo contenido en los Artículos 8, 79 y 80. Las medidas cautelares de urgencia como son las medidas preventivas de la Ley 1333 de 2009, que desarrollan el principio de precaución en materia ambiental, no pueden ser desconocidas cuando se pone en riesgo la biodiversidad de la Nación.

En cuanto a la solicitud por parte del Juzgado Sexto de Familia, de realizar el proceso de consulta previa con la comunidad de Playa Blanca – Isla Barú, indica:  “argumentamos que las medidas preventivas son medidas de urgencia, que se toman para evitar la continuidad de un daño que se está causando al medioambiente, a los recursos naturales o a las especies de importancia ecológica y no deben estar supeditadas a las consultas previas, ya que al hacerlo se desnaturalizaría el sentido de la medida preventiva”, explicó el ministro Murillo.

Qué dijeron dos mandatarios

Cuando se pensaba que el recién electo mandatario de los cartageneros entraría sintonizándose con el medio ambiente, Antonio Quinto Guerra decidió ponerle ‘el cascabel al gato’ y fue uno de los primeros en manifestar su descontento con el cierre temporal de Playa Blanca. Su posición iba encaminada, en su momento, a evitar que se consumara una protesta por parte de los nativos y comenzar mal su gestión frente al gobierno.

Fue así como su pronunciamiento obedeció a que se buscara el equilibrio para no afectar a los nativos y se protegiera igualmente el medioambiente. En últimas, fue un tanto parco, porque no dijo lo que el Ministerio esperaba de él.

Y cuando el mandatario fue suspendido temporalmente, asumió la alcaldesa encargada Yolanda Wong Baldiris, quien se ha limitado a decir que es respetuosa de la decisión que mediante una tutela suspendía el cierre de Playa Blanca. Señaló que la administración acataba las leyes y, por lo tanto,  las órdenes judiciales y que el plan de acción establecido en la zona y lo que no versa en la tutela continuará.

Wong Baldiris dijo que el plan de acción fue concertado con la comunidad y consiste en desarrollar toda la inversión que se hace en la zona, como la construcción de un muelle, obra que se hace con recursos de Fontur.

“A esto se suma la capacitación en el tema de emprendimiento que se hace a las que realizan masajes, la recuperación de la orilla para la movilidad de los turistas, la revisión de establecimientos comerciales y la aplicación del estudio de carga, que señala que a la zona no pueden ingresar más de 3.120 personas”, dijo la Alcaldesa. Igualmente, se mantienen las medidas restrictivas que fueron fijadas mediante decreto, como el control vehicular en el ingreso a Playa Blanca.

¿Y los nativos?

Por su parte, los nativos de Playa Blanca se han mostrado satisfechos con el fallo de la tutela teniendo en cuenta que la misma  es vinculante y se hace extensiva a las siete tutelas que presentaron los coterráneos de Playa Blanca, en donde se solicitaba la protección de sus derechos fundamentales como la vida, el derecho al trabajo, a la seguridad alimentaria y al mínimo vital.

Al respecto Wilman Herrera Imitola, abogado asesor de la comunidad de Playa Blanca, precisó que al protocolizarse la consulta previa, esta se hará extensiva para las comunidades de Santa Ana, Ararca, Barú, Caño del Oro y Bocachica, porque hacen parte de la zona de influencia del proyecto.

“Aquí se tienen que analizar los impactos negativos y positivos de la medida y, a la vez, dejar claro que los pueblos de la bahía también protegemos el medioambiente y no compartimos que se ponga en vilo nuestros derechos, cuando hemos convivido con las tortugas antes de la expedición de la resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”, enfatizó el asesor.

Y aunque el último capítulo de la novela no se conoce todavía, se espera que alguien logre hacerle entender a las tortugas que aún no es el tiempo de desovar, porque su proceso se encuentra en la instancia superior, y se demora entre uno o dos meses, por muy bien que le vaya.

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